Uruguay reserva hasta 2040 información sobre IA en ANCAP: qué todavía debe ser público
La autoridad de acceso consideró legal proteger contratos e incidentes por seguridad y ventaja competitiva, pero recordó una obligación decisiva: separar y entregar las partes que sí pueden conocerse. El caso prueba el límite real de la transparencia algorítmica.
Un pedido de acceso preguntó por el uso de inteligencia artificial en la petrolera estatal uruguaya ANCAP. La institución entregó información parcial y clasificó otra parte como reservada: listados y copias de convenios, contratos o acuerdos con proveedores de software que usen IA generativa o almacenen datos en la nube, además de registros e informes sobre uso inadecuado o filtraciones.
La reserva alcanza hasta el 2 de septiembre de 2040. En marzo de 2026, la Unidad de Acceso a la Información Pública —UAIP— resolvió que el acto de ANCAP se ajusta a derecho porque identificó causales, incluyó una prueba de daño y fijó un plazo.
La decisión no termina con una orden de oscuridad completa. El mismo documento recuerda el principio de divisibilidad: si un contrato o informe combina información protegida con otra publicable, ANCAP debe crear una versión pública y entregar la parte que puede conocerse.
Uruguay validó una reserva concreta sobre IA y nube en una empresa estatal; la pregunta ya no es “todo o nada”, sino qué datos exactos dañan seguridad o competencia y qué información debe publicarse después de ocultarlos.
Qué decidió la autoridad y cuál fue su razonamiento
La Resolución 78/026 revisó una decisión de la Secretaría General de ANCAP de septiembre de 2025. El expediente invocó los literales D y E del artículo 9 de la Ley 18.381: riesgo para la vida, dignidad, seguridad o salud de una persona, y pérdida de ventajas competitivas o daño al proceso de producción del organismo.
La UAIP comprobó cuatro requisitos que deben acompañar una reserva dictada ante una solicitud: causal legal, prueba de daño, duración y remisión del acto al organismo de control dentro del plazo reglamentario. Según su resolución, ANCAP individualizó la información, justificó que divulgarla podía vulnerar la seguridad de personas o afectar ventajas competitivas y cumplió los elementos exigidos.
Eso establece legalidad formal y sustantiva para este expediente. No crea una excepción general llamada “inteligencia artificial”. Cada nueva información debe clasificarse caso por caso, con riesgo claro, probable y específico. Tampoco convierte en reservada toda mención de un proveedor o toda descripción de un sistema.
El registro histórico de ANCAP muestra que la solicitud sobre IA —expediente 266046— fue respondida en 37 días. La información pública disponible no permite reconstruir desde la resolución de la UAIP qué documentos fueron entregados, qué campos se ocultaron ni si se produjeron versiones públicas de cada contrato o incidente.
De una respuesta parcial a un horizonte de quince años
ANCAP dicta la Resolución 20/025
La Secretaría General entrega información parcial y reserva las categorías vinculadas con contratos de IA generativa o nube e incidentes asociados.
La UAIP recibe el acto
El envío permite al organismo de control revisar causal, prueba de daño, plazo y cumplimiento formal. La resolución posterior afirma que ANCAP satisfizo esos cuatro elementos.
La UAIP confirma la legalidad
La Resolución 78/026 considera el acto ajustado a derecho y, en el mismo razonamiento, exige versiones públicas cuando un documento mezcle secciones abiertas y protegidas.
- Durante la vigencia
La reserva debe seguir administrándose
Corregir una vulnerabilidad, terminar un contrato o retirar una infraestructura puede extinguir el daño. La guía de la UAIP permite desclasificar antes; la documentación disponible no muestra un calendario de revisiones.
Fecha final declarada
Es el límite consignado para esta reserva, no una razón para demorar la publicación de campos divisibles ni la desclasificación anticipada.
Reservar un documento no autoriza a ocultar cada uno de sus campos
- Daño específico
- La institución debe explicar qué riesgo produciría la divulgación. Nombrar “ciberseguridad” sin conectar información y daño no satisface una evaluación caso a caso.
- Divisibilidad
- Se tachan credenciales, vulnerabilidades o secretos comerciales; se entrega finalidad, objeto contractual, monto u otros campos cuando no estén alcanzados por la causal.
- Desclasificación
- Quince años es un máximo, no una obligación de esperar. Si desaparece la causa, el organismo debe desclasificar antes mediante un acto fundado.
Pregunta de control: ¿puede publicarse una ficha sin revelar la vulnerabilidad?+
Sí. Una ficha puede identificar finalidad, responsable, proveedor, monto, vigencia, tipo de herramienta, categorías de datos y estado del incidente, mientras omite arquitectura explotable, credenciales, indicadores técnicos activos y detalles cuya difusión reproduzca el daño probado.
Abre el documento campo por campo
Selecciona un tipo de información para ver cómo opera la divisibilidad. El ejercicio no decide un expediente real: traduce el estándar de publicidad inicial, daño específico y revisión continua a preguntas que una institución puede responder.
Regla de lectura: la categoría tecnológica por sí sola no resuelve nada. “IA”, “nube” o “incidente” describen un tema; la causal debe conectarse con el contenido exacto y un daño probable.
Explica para qué existe el sistema
La finalidad, el organismo responsable, la etapa de uso y la existencia de intervención humana permiten rendir cuentas sin revelar una ruta de ataque. Si se oculta un fragmento, el resto conserva valor público.
¿Qué función cumple y quién responde por sus resultados?
El alcance combina IA generativa, nube e incidentes: una mezcla que exige precisión
La categoría reproducida por la resolución abarca software que utilice IA generativa o que almacene datos en la nube. Es una formulación amplia: un contrato de nube puede sostener un sistema convencional sin IA, mientras una herramienta de IA puede ejecutarse en infraestructura propia. Para rendir cuentas, el inventario debe separar tecnología, función y riesgo.
También reúne contratos e incidentes. Los primeros permiten saber qué compró el Estado, por cuánto tiempo, con qué obligaciones y bajo qué dependencia. Los segundos documentan fallas, filtraciones o usos inadecuados. Ambas categorías pueden contener detalles sensibles, pero el interés público no es idéntico.
Ocultar una ruta de ataque activa protege el sistema. Publicar la cantidad de incidentes, su severidad, si hubo datos personales afectados, la fecha de cierre y las medidas correctivas permite evaluar la gestión sin entregar una guía de explotación. Una política madura define esa salida agregada antes de que ocurra el siguiente incidente.
Qué podría publicarse y qué requiere una justificación más estricta
Descripción del sistema
Finalidad, unidad responsable, etapa, población afectada, tipo de salida, intervención humana y fecha de revisión.
Objeto y economía
Proveedor, procedimiento, monto, duración, propiedad de datos, portabilidad, auditoría y condiciones de terminación, salvo campo específicamente protegido.
Incidentes agregados
Fecha, categoría, severidad, alcance, datos afectados, notificaciones, estado y remediación, sin exponer vectores técnicos activos.
Detalle explotable
Credenciales, configuración defensiva, vulnerabilidades no corregidas, secretos industriales y material cuya apertura reproduzca el daño probado.
2040 puede exceder la vida útil de los sistemas que hoy protege
El plazo coincide con el máximo inicial de quince años permitido por la ley. En tecnología, ese horizonte probablemente atraviese múltiples contratos, migraciones, modelos y generaciones de infraestructura. Por eso la fecha final no debe convertirse en una pausa automática de revisión.
La guía de la propia UAIP explica que la información puede desclasificarse antes cuando se extinguen las causas. Un contrato vencido, una vulnerabilidad corregida o una arquitectura retirada pueden cambiar la prueba de daño. El organismo necesita una fecha de reevaluación por activo, no solo una fecha común de vencimiento.
Una revisión anual podría preguntar: ¿sigue existiendo la amenaza?, ¿el dato ya es público por otra vía?, ¿puede entregarse una versión menos tachada?, ¿la ventaja competitiva depende todavía de ese campo? Publicar el resultado de esa revisión haría visible que la reserva se administra y no se hereda.
La decisión convive con una estrategia nacional que promete acceso y explicabilidad
La Estrategia Nacional de IA de Uruguay exige que las entidades públicas garanticen acceso a la información sobre sistemas usados en servicios o apoyo a decisiones. También pide información significativa, trazabilidad, responsables y procesos de supervisión transparentes. No afirma que todo deba abrirse sin límites: habla de equilibrio con otros derechos.
Las recomendaciones de transparencia algorítmica elaboradas por Agesic y la UAIP proponen documentar sistemas, datos, decisiones y mecanismos de explicación. El caso ANCAP convierte esos principios en un problema operativo: cómo mantener seguridad y secretos legítimos sin vaciar el inventario público.
La coherencia se demostrará con el resultado divisible. Si las versiones públicas permiten conocer finalidad, proveedor, costo, controles e impacto sin revelar vectores de ataque, seguridad y transparencia se refuerzan. Si la categoría elimina todo rastro de la herramienta durante quince años, la excepción dominaría la política.
Qué se puede pedir ahora, sin esperar a 2040
La resolución no impide formular una nueva solicitud centrada en versiones públicas y en el estado actual de cada causal. Un pedido preciso puede identificar el expediente, separar categorías y pedir que cualquier negativa indique el campo afectado, el daño que subsiste y la próxima fecha de revisión.
Adapta el texto a tu necesidad y añade tus datos en el formulario oficial.
Solicito, en formato electrónico y accesible, información vinculada con la Resolución de ANCAP 20/025 y el expediente de la UAIP 2025-2-10-0000636: (1) el inventario existente de sistemas o servicios comprendidos, con finalidad, unidad responsable, proveedor, fecha de inicio y estado; (2) las versiones públicas de convenios, contratos o acuerdos, incluyendo objeto, monto, vigencia, obligaciones de protección de datos, auditoría, portabilidad y terminación; y (3) información agregada sobre incidentes, con fecha, categoría, severidad, alcance, estado y medidas correctivas. Si algún campo continúa reservado, solicito que se identifique la causal aplicable, el daño específico que produciría divulgarlo, el plazo vigente y la fecha prevista para revisar la clasificación, aplicando el principio de divisibilidad a cada documento.
Consejo: pide registros existentes y formatos reutilizables; evita preguntas generales que mezclen contratos, sistemas e incidentes.
Abrir formulario oficial de ANCAP ↗Cita las dos resoluciones y el número de expediente para reducir búsquedas ambiguas.
Solicita por separado inventario, economía contractual, controles e incidentes agregados.
Pide saber si el daño persiste y cuándo se volverá a evaluar cada tachado.
Por qué el precedente importa para la IA pública latinoamericana
Los sistemas públicos necesitan seguridad real. Publicar credenciales, debilidades sin corregir o detalles que permitan evadir controles puede dañar a personas e instituciones. Pero invocar seguridad de manera total también impide evaluar proveedores, gasto, dependencia y respuesta a fallas.
Uruguay ofrece una lección jurídica útil: la clasificación debe basarse en daño y la divulgación debe dividirse. Para convertirla en una práctica regional, cada contrato de IA debería nacer con una versión pública prevista, cada incidente con un esquema agregado de comunicación y cada reserva con revisiones antes del vencimiento.
El indicador más importante no será cuántos documentos fueron reservados. Será cuánta información útil sobrevivió a la prueba de daño, cuánto tardó en publicarse y cuántas reservas se redujeron cuando el riesgo dejó de existir.
Qué permite afirmar la evidencia
La UAIP consideró ajustada a derecho la reserva de ANCAP hasta septiembre de 2040 y aceptó el daño invocado. La misma resolución exige divisibilidad; no hay evidencia pública suficiente para saber qué documentos o campos fueron entregados en versión pública.
✓ Sí está respaldado
ANCAP reservó contratos, acuerdos e incidentes vinculados con IA generativa o nube hasta el 2 de septiembre de 2040.
Base: Resolución UAIP 78/026 y expediente 2025-2-10-0000636
La UAIP validó causales y prueba de daño, pero recordó que deben entregarse las secciones no protegidas.
Base: considerandos y resolución del Consejo Ejecutivo de la UAIP
? Aún no está demostrado
- La resolución pública no muestra la respuesta parcial, las versiones de contratos ni el grado exacto de tachado aplicado por ANCAP.
- No permite saber cuántos sistemas, proveedores, contratos o incidentes existen, ni qué parte de esa información permanece accesible.
Tres señales que pueden cambiar la evaluación
Seguimiento, no predicción- 01
Versiones públicas
Contratos e informes con tachado campo por campo, fundamento visible y datos suficientes para control del gasto.
- 02
Revisión temprana
Calendario para reducir la reserva cuando se corrijan vulnerabilidades, finalicen contratos o desaparezca la ventaja.
- 03
Registro de IA
Fichas de finalidad, responsables, proveedores, datos, control humano, evaluaciones e incidentes agregados.