América Latina acuerda una hoja de ruta para llevar la IA ética de los principios a la práctica
La nueva agenda regional fija entregables sobre regulación, talento, inclusión, ambiente e infraestructura. El reto empieza ahora: convertirlos en capacidades públicas que puedan medirse.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe dieron un paso que suele ser el más difícil en la política tecnológica regional: pasar de una declaración de intenciones a una lista de productos, responsables y plazos. La Hoja de Ruta de Inteligencia Artificial Ética 2026–2027, aprobada en Santo Domingo, organiza el trabajo común en cinco frentes y establece un horizonte inicial de implementación de doce meses.
El acuerdo no crea una ley supranacional ni obliga a todos los países a adoptar el mismo modelo regulatorio. Su valor es otro: propone bienes públicos regionales —estudios, guías, formación y espacios de prueba— que cada gobierno podría usar sin empezar desde cero. En una región con capacidades institucionales muy dispares, compartir ese punto de partida puede ser tan importante como compartir principios.
Qué se acordó en Santo Domingo
La tercera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial se celebró el 25 y 26 de junio en República Dominicana. Allí se aprobaron la Declaración de Santo Domingo y la hoja de ruta, dando continuidad al proceso abierto en Santiago en 2023 y Montevideo en 2024. La diferencia de esta edición está en el lenguaje de ejecución: el documento enumera productos concretos y prevé seguimiento trimestral.
Las prioridades cubren gobernanza y regulación; talento y futuro del trabajo; protección de grupos en situación de vulnerabilidad; medio ambiente y cambio climático; e infraestructura. La implementación será liderada por los gobiernos, con asistencia técnica y financiera de CAF y UNESCO. Un comité ejecutivo integrado por CAF, UNESCO y la OGTIC de República Dominicana deberá monitorear el avance.
De los grandes principios a herramientas utilizables
En gobernanza, el plan contempla un grupo regional de especialistas en desinformación e IA, un manual de intervenciones rápidas y talleres para equipos regulatorios. En talento, propone un curso abierto para autoridades y actores educativos, además de un estudio comparado sobre incentivos para la actualización y reconversión de habilidades.
La agenda de inclusión incorpora capacitación para aplicar un enfoque de género y un estudio sobre el impacto de la IA en niñas, niños y adolescentes. En ambiente, busca crear un estándar regional de datos que permita medir y comparar la huella de la IA. Y en infraestructura plantea mapear la demanda de cómputo de alto rendimiento y explorar esquemas compartidos de financiamiento y uso, junto con talleres para diseñar sandboxes de datos.
La hoja de ruta importa menos por lo que declara que por lo que promete entregar: herramientas que los países podrían adaptar, auditar y mejorar en común.
Qué debería producir cada línea
Abre cada eje para ver los entregables acordados y una señal concreta para evaluar su avance.
01Gobernanza y regulación
Grupo regional sobre desinformación e IA, manual de respuesta rápida y talleres nacionales de diseño regulatorio.
Casos de uso públicos, responsables identificados y talleres que produzcan cambios normativos verificables.
02Talento y futuro del trabajo
Curso regional abierto para autoridades y educadores, y un estudio sobre incentivos para actualización y reconversión de habilidades.
Materiales reutilizables, participación de varios países y evidencia de aprendizaje, no solo cifras de inscripción.
03Protección e inclusión
Capacitación para aplicar el enfoque de género y estudio comparado sobre los impactos de la IA en la niñez y la adolescencia.
Participación de los grupos afectados y recomendaciones incorporadas a políticas, compras y evaluaciones de sistemas.
04Ambiente y cambio climático
Estándar regional de datos para medir, monitorear y comparar el impacto ambiental de la IA.
Una metodología abierta que permita comparar consumo energético, agua y emisiones entre proyectos y países.
05Infraestructura
Estudio de demanda de cómputo de alto rendimiento y taller para diseñar sandboxes de datos.
Opciones públicas de financiamiento y uso compartido, con reglas técnicas, legales y éticas claras.
Las “señales de avance” son criterios de seguimiento propuestos por América Latina AÍ; no forman parte del texto oficial.
Por qué importa para la región
La IA ya atraviesa educación, salud, justicia, cultura, producción y servicios públicos. Tratarla únicamente como un asunto de ministerios tecnológicos deja fuera a quienes administran esos sistemas. El documento reconoce esa transversalidad e intenta ampliar la conversación hacia presupuestos, gobiernos subnacionales y sectores sociales.
También hay una apuesta por la escala. Un país puede tener dificultades para financiar por sí solo un estudio riguroso de demanda de cómputo, desarrollar metodologías contra deepfakes o construir materiales de alfabetización. Un producto regional reduce duplicaciones y permite que las economías más pequeñas participen con mejores herramientas en discusiones internacionales dominadas por Estados con mayor capacidad técnica.
Lo que habrá que vigilar
El texto define responsables de coordinación y una cadencia de seguimiento, pero su credibilidad dependerá de que los avances sean públicos y comparables. Harán falta cronogramas visibles, presupuestos, responsables por producto y criterios que permitan distinguir entre una actividad realizada y una capacidad pública realmente instalada.
También será decisiva la participación fuera del gobierno. Academia, sociedad civil, comunidades afectadas y sector privado estuvieron representados en la cumbre; mantenerlos dentro de la implementación ayudará a detectar sesgos y evitar que la cooperación se reduzca a una conversación entre autoridades. El próximo año dirá si América Latina consiguió algo infrecuente en la gobernanza digital: continuidad, memoria institucional y resultados que sobrevivan a los ciclos políticos.