Ecuador propone que la IA apoye, pero no decida, en los tribunales
El proyecto exige declarar la herramienta utilizada, contrastar sus resultados y conservar la valoración humana de pruebas y sentencias. Su debilidad está en otra parte: formación, auditoría técnica y recursos quedan poco definidos.
Una iniciativa presentada el 18 de junio en la Asamblea Nacional de Ecuador busca poner una frontera concreta al uso de inteligencia artificial en la justicia: puede ayudar a organizar expedientes y analizar documentos, pero no valorar pruebas, motivar sentencias ni ejercer potestad jurisdiccional.
La distinción más importante es su estado. El texto fue presentado por la asambleísta Mónica Salazar y aparece en el portal legislativo; no es una ley vigente. En la ficha pública consultada para este artículo, los campos de informe técnico y calificación del Consejo de Administración Legislativa no muestran documentos. Sus obligaciones solo existirían si completa el trámite y se publica en el Registro Oficial.
Una regla sencilla: quien usa la herramienta sigue respondiendo
El proyecto incorpora siete principios al Código Orgánico de la Función Judicial: control humano, transparencia, responsabilidad, no sustitución del razonamiento judicial, verificación de información, protección de derechos y prevención de sesgos. No crea una personalidad jurídica para la máquina ni traslada responsabilidad al proveedor: atribuye la actuación a la persona servidora o profesional que la utiliza.
Para jueces, fiscales y personal judicial, la IA quedaría limitada a gestión procesal, análisis documental y organización de información. La veracidad, pertinencia y legalidad de cada resultado tendría que comprobarse antes de usarlo. Es un enfoque más práctico que exigir una explicación abstracta del modelo: pregunta quién verificó un dato y quién firma la decisión.
Qué cambiaría dentro de un proceso
Las cuatro reglas centrales, si la Asamblea las aprueba.
01Dejar constancia+
La actuación debería identificar herramienta, finalidad y alcance de la asistencia. Decir solo “se usó IA” no bastaría.
02Verificar antes de incorporar+
Personal judicial y abogados tendrían el deber de contrastar veracidad, pertinencia y actualidad. Inventar una cita con software no reduciría la responsabilidad profesional.
03Pedir sustento+
Ante indicios razonables de contenido generado y no validado, el juez podría pedir a las partes aclaración, verificación o fuentes.
04Aplicar responsabilidad existente+
El uso indebido podría constituir falta grave para servidores, y presentar información no verificada que induzca a error se añadiría a las prohibiciones de la abogacía.
Transparencia útil, siempre que revele lo necesario
Registrar herramienta, propósito y alcance permitiría a las partes conocer una intervención tecnológica que de otro modo quedaría invisible. También facilitaría reconstruir errores: no es igual usar un asistente para corregir redacción que para buscar precedentes o resumir una prueba.
La constancia debería acompañarse de registros protegidos, reglas sobre datos que nunca pueden salir del sistema judicial y procedimientos para impugnar. El proyecto remite a la Ley de Protección de Datos Personales, pero no define requisitos técnicos de seguridad, conservación, contratación o auditoría de proveedores. Esa capa tendría que resolverse en normativa secundaria.
La capacitación aparece como posibilidad, no como garantía
La Escuela de la Función Judicial “podrá” promover formación conforme a disponibilidad presupuestaria. La redacción deja una tensión: verificar información y prevenir sesgos serían deberes, mientras el acceso a capacidades para cumplirlos quedaría condicionado.
Una implementación seria necesitaría formación obligatoria según el riesgo de cada uso, herramientas autorizadas, pruebas de competencia y apoyo técnico independiente. Verificar una fecha inventada es sencillo; evaluar si un resumen omite sistemáticamente testimonios o si una clasificación perjudica a cierto grupo requiere datos, método y perfiles especializados.
Una buena frontera legal necesita operación
El proyecto acierta al no presentar la IA como juez ni como excusa. La persona conserva el deber de motivar, comprobar y responder. También incluye a abogados, porque una falsedad generada fuera del tribunal puede contaminar el expediente tanto como una herramienta utilizada dentro.
Si avanza, el debate debería precisar qué usos son admisibles, cómo se protegen expedientes, qué evidencia conserva cada usuario y quién audita los sistemas. El plazo propuesto de noventa días para regulación secundaria sería corto para construir esa arquitectura desde cero. La prohibición de reemplazar el juicio humano es el comienzo; la trazabilidad que permite demostrarlo será la verdadera norma.