Colombia cancela una convocatoria de $24.000 millones para IA y cuántica tras fallas en la selección
El Ministerio de Ciencia verificó problemas en la plataforma de postulaciones y en distintas fases de la evaluación. La decisión protege la igualdad del proceso, pero deja sin resolver el destino de los recursos, el trabajo de las alianzas postulantes y el diseño de una eventual nueva convocatoria.
Colombia cerró sin ganadores una de sus principales apuestas de financiación para llevar la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas a problemas concretos de las regiones. Mediante la Resolución 0736 del 6 de agosto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación declaró la “terminación anormal” de la convocatoria 976, ColombIA Inteligente 2026.
No fue una cancelación por falta de propuestas ni una evaluación que simplemente produjera pocos proyectos elegibles. Según el expediente oficial, el Ministerio concluyó que fallas detectadas en varias etapas impedían asegurar igualdad, objetividad, transparencia y debido proceso. Continuar habría significado construir un banco de elegibles cuya confiabilidad la propia entidad ya no podía garantizar.
La convocatoria quedó cancelada antes de conformar un banco definitivo de proyectos o asignar recursos; el Ministerio no ha explicado en el acto publicado si los $24.000 millones serán trasladados, conservados o ofrecidos de nuevo.
Qué falló, según la resolución
La primera dimensión fue operativa. Diecisiete peticiones de participantes reportaron dificultades para cargar información en el Sistema Integral de Gestión de Proyectos, SIGP, durante la revisión y subsanación de requisitos. La Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información confirmó contingencias asociadas con alta concurrencia en la plataforma durante ese periodo.
La consecuencia no era menor. La subsanación permitía corregir documentos dentro de una ventana obligatoria del 22 al 24 de abril. Si algunas alianzas no pudieron hacerlo por una contingencia institucional, el Ministerio no podía tener plena certeza de que todas compitieron en igualdad de condiciones.
La segunda dimensión afectó la evaluación. El informe técnico citado por la resolución pidió revisar la asignación de pares, las declaraciones de conflictos de interés, la consistencia de la información entregada por algunos evaluadores, las garantías de independencia y diversidad institucional, y la correspondencia entre conceptos técnicos y calificaciones registradas.
Esto no autoriza a afirmar que hubo fraude o manipulación. La adenda de julio aclaró que las situaciones detectadas no constituían por sí solas una determinación definitiva de irregularidades. Lo confirmado es institucionalmente suficiente y distinto: el mecanismo completo dejó de ofrecer las garantías necesarias para producir un resultado defendible.
De la apertura a la cancelación en 146 días
Apertura
MinCiencias abre la convocatoria con $24.000 millones y exige alianzas entre universidad, empresa y organización local.
Cierre de postulaciones
Comienza la revisión de requisitos; la ventana para observaciones y correcciones termina el 24 de abril.
Primera corrección
Una adenda ordena evaluar de nuevo la totalidad de los proyectos y mueve el resultado preliminar al 4 de agosto por dudas de trazabilidad y consistencia.
El comité aprueba terminar
El Comité Ordinario de Gestión de Recursos de CTeI aprueba la terminación; la dirección técnica la solicita formalmente el 3 de agosto.
Terminación anormal
La Resolución 0736 deja sin continuidad el proceso. La decisión admite los recursos legales correspondientes.
Lo que estaba en juego era más que una bolsa de dinero
Los términos dividían el presupuesto en $16.000 millones para inteligencia artificial y $8.000 millones para ciencia y tecnologías cuánticas. Cada proyecto podía solicitar hasta $2.000 millones, debía aportar una contrapartida mínima equivalente al 20% de lo pedido y ejecutarse en un máximo de 14 meses.
El eje de IA no buscaba demostraciones genéricas. Priorizaba biodiversidad y bioeconomía, sistemas agroalimentarios, transición energética, transformación educativa, y gestión de riesgos y conservación de fauna. Los proyectos podían partir de investigación aplicada o de tecnologías avanzadas con la expectativa de alcanzar niveles de madurez 8 o 9: sistemas probados, operativos y próximos a adopción real.
La arquitectura territorial también era exigente. Cada propuesta debía reunir como mínimo una institución de educación superior ejecutora, una empresa nacional y una organización local o regional, con presencia en la misma región. Además debía vincular una estancia posdoctoral, dos estudiantes de maestría, al menos dos jóvenes investigadores y un semillero con un mínimo de diez estudiantes de pregrado.
Por eso la cancelación no suspende solamente una transferencia estatal. Interrumpe alianzas, avales, presupuestos, compromisos de contrapartida y planes de formación que universidades, empresas y organizaciones territoriales tuvieron que coordinar. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, publicó su propio proceso de manifestación de interés, cupos por sede, aval técnico y revisión documental. Es una ventana concreta al trabajo previo que no aparece cuantificado en la resolución.
Qué significa jurídicamente y qué no significa
Al momento de resolver, no existía banco definitivo de elegibles, acto que reconociera beneficiarios ni asignación final de recursos. Los términos advertían, además, que ser incluido en un banco no obligaba al Ministerio a financiar. Sobre esa base, la entidad sostiene que los participantes tenían una expectativa de competir, pero no un derecho adquirido a recibir dinero.
La resolución presenta la terminación como la única medida proporcional capaz de proteger la legalidad y los recursos públicos. También invoca circunstancias sobrevinientes y la teoría de la imprevisión, y aclara que cancelar no equivale a reconocer una falla del servicio o responsabilidad administrativa.
Esa fórmula cierra la convocatoria, no el debate sobre responsabilidades. La decisión no publica el informe técnico completo, no identifica cuántas propuestas o instituciones quedaron afectadas, no mide el alcance de la indisponibilidad del SIGP y no explica por qué los controles previos no detectaron antes los problemas de evaluación. Tampoco informa el destino presupuestario de los $24.000 millones.
Cinco respuestas que faltan
No todas están obligadas por la resolución, pero sí son necesarias para recuperar confianza.
01¿Cuántas alianzas y propuestas fueron afectadas?+
Sin un universo total, no es posible dimensionar la incidencia de las 17 peticiones, el trabajo perdido ni la distribución territorial del impacto.
02¿Qué ocurrió exactamente en el SIGP?+
Hace falta una cronología técnica con disponibilidad, errores, duración, usuarios afectados, evidencias preservadas y medidas que eviten repetir la contingencia.
03¿Qué mostró la auditoría de evaluadores?+
Una versión pública y protegida del informe debería explicar categorías de hallazgo, controles de conflicto, distribución institucional de pares y divergencias entre concepto y puntaje.
04¿Habrá una nueva convocatoria y cuándo?+
Un relanzamiento necesita reglas claras sobre reutilización segura de documentos, nuevos avales, vigencia de contrapartidas y un calendario compatible con la anualidad presupuestaria.
05¿Dónde quedan los recursos?+
Cancelar el mecanismo no demuestra que la apropiación haya desaparecido, pero tampoco garantiza que siga disponible. Esa diferencia debe resolverse con información presupuestaria, no con inferencias.
Una prueba de ejecución para la política nacional de IA
El CONPES 4144 trazó más de cien acciones hasta 2030 y una inversión indicativa de $479.000 millones para construir capacidades de investigación, infraestructura, talento, adopción y gobernanza. El tablero de la OCDE clasifica esa política como activa y reconoce la investigación y el ecosistema inclusivo entre sus objetivos.
ColombIA Inteligente encarnaba justamente la conexión que esa política promete: universidad, empresa y territorio alrededor de soluciones aplicadas. Su cancelación no invalida la estrategia nacional, pero revela que una política de IA también depende de capacidades administrativas menos visibles: plataformas resistentes, expedientes trazables, selección de pares, gestión de conflictos y canales de reclamación.
El caso ofrece una lección regional. Los sistemas digitales que reciben proyectos, becas o compras públicas son infraestructura de la política científica. Cuando fallan, no basta con restaurar el servicio: hay que demostrar quién pudo participar, quién quedó fuera y si el orden final habría sido distinto. La integridad del procedimiento es parte del resultado de innovación.
La salida correcta empieza por publicar evidencia
Cancelar fue una decisión más prudente que adjudicar con dudas estructurales. Sin embargo, la prudencia solo será completa si viene acompañada de una explicación verificable, una ruta para los recursos y condiciones de reingreso que no obliguen a las alianzas a comenzar desde cero por un problema que no causaron.
Un nuevo proceso debería publicar antes de abrir: pruebas de carga del SIGP, protocolo de contingencia, respaldo de cada envío, matriz de asignación y recusación de evaluadores, revisión de coherencia entre concepto y puntaje, y un mecanismo de auditoría independiente. También debería conservar una separación clara entre los expedientes originales y cualquier nueva evaluación.
La medida de éxito ya no será anunciar de nuevo $24.000 millones. Será demostrar que cada alianza tuvo la misma oportunidad, que cada calificación puede reconstruirse y que el dinero llegó a los proyectos de mayor mérito. En financiación pública de IA, la confianza no es un mensaje: es un expediente auditable.
La trazabilidad protege la igualdad de una selección
- Qué significa
- Un proceso competitivo es reconstruible cuando conserva la regla vigente, quién evaluó, qué evidencia recibió, qué puntuación asignó y cómo resolvió cada observación. La misma secuencia debe poder aplicarse a propuestas equivalentes.
- Cómo aplica aquí
- Cancelar evita continuar sobre un banco cuestionado, pero no explica por sí solo qué controles fallaron ni cómo se impedirá repetirlos. La corrección futura no reemplaza el diagnóstico del expediente anterior.
- La medida decisiva
- Matriz anonimizada de evaluaciones, versiones de términos, conflictos declarados, cambios de puntaje, reclamaciones y respuesta, más un plan que vincule cada falla con un control nuevo y su responsable.
Pregunta de control: ¿la nueva convocatoria corrige la causa?+
Cambiar fechas o reiniciar formularios no basta. La entidad debe mostrar qué falla produjo desigualdad, qué barrera la detectará y cómo verificará esa barrera antes de volver a asignar recursos.
Qué permite afirmar la evidencia
MinCiencias terminó la convocatoria 976 antes de crear un banco definitivo porque consideró comprometidas las garantías del proceso. La resolución permite describir problemas institucionales concretos, pero no atribuir fraude, culpa individual ni destino presupuestario.
Sí está respaldado
La Resolución 0736 terminó el proceso tras documentar contingencias del SIGP y preocupaciones sobre distintas fases de evaluación.
Base: Resolución 0736, adenda previa y ficha de la convocatoria
La bolsa anunciada era de $24.000 millones: $16.000 millones para IA y $8.000 millones para tecnologías cuánticas.
Base: Términos de referencia de ColombIA Inteligente 2026
Aún no está demostrado
- La terminación no demuestra fraude, manipulación deliberada ni responsabilidad de una persona o institución específica.
- El acto no informa el universo total afectado, el costo de preparación de las alianzas ni si los recursos se conservarán para otro mecanismo.
Tres señales que pueden cambiar la evaluación
Seguimiento, no predicción- 01
Expediente técnico del incidente
Disponibilidad del SIGP, cronología, usuarios afectados, asignación de pares, conflictos y divergencias entre conceptos y puntajes.
- 02
Decisión sobre los recursos
Certificación presupuestaria, traslado o nueva convocatoria con calendario y reglas para reutilizar documentación.
- 03
Rediseño verificable
Pruebas de carga, recibos de entrega, contingencia, recusación de evaluadores y auditoría independiente antes de reabrir.